Por enésima vez, se denuncia el funcionamiento

Esclavitud sexual
Los manidos temas de la patria, la dignidad y la justicia deben aplicarse, sobre todo, a estas grandes cuestiones


Por enésima vez, se denuncia el funcionamiento de una red de proxenetas y de organizaciones delictivas que reclutan a niñas y adolescentes en nuestro país para convertirlas, como informamos ayer, en esclavas sexuales. Lo de esclavas no es una hipérbole. Se trata de la reducción al estado de servidumbre, una vez que ingresan en este club diabólico, dada su condición de pobreza extrema, su indefensión, su soledad, la coacción permanente que sufren, la explotación sexual y económica, la desaparición de sus documentos de identidad, el incremento de las deudas con sus propietarios y la imposibilidad de recurrir a ningún tipo de ayuda externa, en defensa de sus derechos o de su dignidad.

Las declaraciones de ayer, en La Nación, de Milena Grillo, directora de Paniamor, vuelven a hacer conciencia en el país sobre esta patología social y de esta monstruosa modalidad de delincuencia. El problema es hondo y extenso, y abarca también a niñas y adolescentes provenientes, mediante el engaño y la amenaza, de otros países de América del Sur y del Caribe, cuyo punto de encuentro es nuestro país. Según un estudio de la organización "Save the children", de Suecia, las víctimas de este vil negocio ingresan por la frontera sur y norte, donde existen más de 100 pasos sin control policial. El Ministerio de Seguridad Pública, Rogelio Ramos, ha reconocido la dificultad en ejercer una vigilancia eficaz, agravada, además, por la renuencia de estas niñas y adolescentes a pedir ayuda para no verse privadas de la paga respectiva.

Se llevará a cabo una campaña de prevención contra esta calamidad pública. Sin embargo, la labor debe centrarse en el control de la frontera, lo que implica un vasto esfuerzo financiero y de equipo, y en la detección de las redes y de los capos que se dedican a nutrir, mantener y aprovechar estos enclaves de explotación. Conviene partir en esta materia de un dato básico: la existencia de estas redes es de vieja data. Las denuncias han abundado en la prensa nacional e internacional, al punto de que en Internet este ha sido un filón publicitario para atraer turistas a nuestro país. Aún más, basta recorrer algunas calles de San José, de noche, para comprobar in situ la penetración de estas mafias. De aquí podemos concluir que, en verdad, ni el Estado ni la sociedad civil, con honrosas excepciones, ha asumido su responsabilidad en este campo.

Esta es una de las funciones del Estado que no debe realizarse a medias. Se trata de un verdadero asalto contra los valores básicos del país y contra la dignidad del sector más desvalido, que nos obliga a todos, sin excepción, precisamente por ello, a desplegar toda nuestra energía para poner fin a este negocio criminal. Esto no se ha hecho. Llama la atención que otros temas secundarios o pasajeros concentran la atención y la pasión de ciertos grupos y de dirigentes políticos y religiosos, en los que el tema de la patria y de la justicia social pasa de boca en boca, mientras se dejan de lado estas cuestiones fundamentales, a cargo, como creen algunos, de la capacidad de estudio y de la preocupación solo de ciertos dirigentes o grupos de buena voluntad.

Merecen reconocimiento y apoyo estas personas y estas asociaciones, pero el control, investigación y enjuiciamiento de los traficantes y explotadores de las niñas y adolescentes, en el territorio nacional, sean costarricenses o extranjeras, compete directamente al Estado, más directamente al Poder Ejecutivo. No podemos permitir, como país libre y soberano, donde nos afanamos y ufanamos de los derechos humanos y del Estado de derecho, que funcione una situación de esclavitud sexual, paraíso erótico de delincuentes, proxenetas y consumidores ticos y extranjeros. Un asunto prioritario en la agenda nacional.