Explotación Sexual Comercial

I. La situación de la Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad en Costa Rica.


i. Contexto General (Antecedentes)


En el mes de setiembre de 1997, la Defensoría de los Habitantes de la República, llamó la atención de las autoridades gubernamentales y de la opinión pública en general, acerca del despojo de derechos de los niños, niñas y adolescentes, víctimas de explotación sexual1. En esa ocasión se habló de la necesidad de adoptar una política nacional para enfrentar el problema y las instituciones participantes asumieron compromisos en ese sentido. También en el Informe Anual de la Defensoría correspondiente ese periodo 1997-98, se dedicó un capítulo al análisis del fenómeno, y ha sido retomado de forma sistemática en los informes subsiguientes2. Al respecto la Institución ha señalado la necesidad de destinar los recursos necesarios, así como de adoptar todas las medidas administrativas, normativas, y de cualquier otra índole, para combatir el fenómeno.

A partir de los resultados arrojados por investigaciones cualitativas realizadas en el país, se desprende que el 85% de las víctimas de la explotación sexual son mujeres, mientras que el 15% son hombres. También se conoce que el 50% de los menores de edad se inician en la actividad entre los 8 y 12 años y la otra mitad entre los 14 y 16 años. La totalidad de niños, niñas y adolescentes explotados sexualmente presenta antecedentes de violencia intrafamiliar y el 80% han sido víctimas de abuso sexual antes de cumplir los 12 años. Asimismo, se ha comprobado que el 63% ha abandonado la escuela y el 72% son farmacodependientes o han perdido el control en cuanto al consumo de estas sustancias.

Le existencia de niños, niñas y adolescentes en estas condiciones y la generalizada ignorancia o indiferencia en torno a esta realidad, demanda sin duda la atención prioritaria de las instituciones públicas, de las familias, las organizaciones civiles y de toda la ciudadanía.


ii. La Comisión Nacional contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en Costa Rica.

Desde 1996 un grupo de instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales acordaron unir esfuerzos con miras a la acción, prevención y eliminación de la Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad. En 1997 esta iniciativa fue formalmente avalada mediante acuerdo de la Junta Directiva del Patronato Nacional de la Infancia donde se aprueba la constitución de la Comisión Nacional Permanente de Trabajo contra la Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad, coordinada originalmente por aquella institución.

Entre las acciones más importantes de la Comisión destacan: la elaboración de un Plan Marco de Acción Nacional, la elaboración de un plan de acción conjunta para la atención de la población en el área metropolitana con la participación de ILPES, PANI, OIT y del Ministerio de Salud y, finalmente la elaboración del proyecto de la Ley contra la Explotación Sexual Comercial de Personas menores de Edad y el posterior apoyo e impulso, requeridos para su aprobación en la Asamblea Legislativa.

La Defensoría de los Habitantes - que ha participado en dicha Comisión en cumplimiento de su función de contraloría de la efectiva aplicación de los derechos de la niñez y la adolescencia, así como de acompañamiento y seguimiento de los procesos que en su seno se gestan-, ha podido constatar el escaso apoyo político y financiero que se ha dado a dicha Comisión. Lo anterior, aunado a las dificultades que existieron en la conducción de los procesos, no ha permitido que se cristalicen muchos de los planes y proyectos planteados.

Como un mecanismo para resolver el problema de la conducción y del apoyo político, en el primer trimestre del año 2000, inicia un proceso de reestructuración de la Comisión, al cabo del cual ésta pasa a ser un órgano del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, bajo la coordinación de una Unidad Ejecutora. Actualmente consta además, de un componente o Dimensión Política, constituida por funcionarios de alto nivel y jerarcas; y una Dimensión Técnica.

Ciertamente se trata de una medida positiva, desde el punto de vista estratégico, en tanto forma parte del órgano encargado de articular todas las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia. No obstante preocupa el hecho que la prioridad política, que pareciera habérsele dado al tema en la actualidad, carezca aún de un apoyo equivalente en lo financiero. Aspecto que, precisamente en esta materia, resulta indispensable por lo complejo e intrincado del fenómeno que se pretende combatir.

Un claro ejemplo de lo anterior es la aprobación de un Plan de Acción Inmediato, con objetivos y metas de muy corto plazo, proyectado para ser ejecutado en un plazo de tres meses, con los recursos ordinarios de las distintas instituciones involucradas. Esto con la única finalidad -como lo ha señalado el propio Consejo- de paliar las presiones internacionales en la materia, puesto que aún no existe un Plan Nacional con metas de mediano y largo plazo que contemple además el aspecto presupuestario.

Preocupa en particular la situación financiera del Patronato Nacional de la Infancia, institución a la que, por mandato constitucional, compete la protección especial e integral de las personas menores de edad y sus familias.

A raíz de una investigación llevada a cabo por esta Defensoría en 1999, en relación con la situación financiera del PANI, se conoce que a esa fecha la Institución en cuestión no había recibido ningún monto del 7% que, de conformidad con su Ley Orgánica, le correspondía, del total recaudado del Impuesto sobre la Renta. Por ese concepto, el Patronato dejó de percibir la suma de ¢ 3,875.8 millones en 1998 y de ¢ 5,425.4 en 1999.

Con respecto al 4% del presupuesto de FODESAF (otra fuente de financiamiento según la Ley Orgánica del Patronato), se supo que en 1998 se le giraron al PANI ¢ 1,952 millones, lo cual representa un 3.71% de los ingresos reales del Fondo y no el 4% estipulado por ley.

A partir de los datos suministrados por la propia Institución, se desprende que el Patronato nacional de la Infancia ha dejado de percibir durante 1998 y 1999 la totalidad de su fuente de financiamiento correspondiente al 7% del Impuesto sobre la Renta y no ha recibido plenamente lo correspondiente al 4% de FODESAF, contraviniéndose con ello lo que de forma clara establece la ley y, en detrimento de la posibilidad diseñar y ejecutar programas en favor de la niñez y la adolescencia del país.


iii. La trascendencia de la problemática costarricense en el ámbito Internacional.

El creciente fenómeno de la explotación sexual comercial en Costa Rica, ha llegado a ser, incluso, el foco de atención de organismos de las Naciones Unidas, como el Comité de Derechos Humanos sobre el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas así como el Comité de los Derechos del Niño, los que, sin dejar de reconocer algunos logros sobre el tema, han llamado la atención acerca de la situación que se vive en el país.

El Comité de los Derechos Humanos sobre el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, señala en su cuarto informe sobre Costa Rica, presentado en abril de 1999, que "…está profundamente preocupado por la alta incidencia de la explotación sexual comercial de niños y niñas en Costa Rica, aparentemente, relacionados frecuentemente con el turismo sexual. Se señala la creación del Consejo de la Niñez y Adolescencia y las enmiendas al Código Penal a fin de sancionar la explotación sexual de niños y niñas. El Comité llama la atención al Estado parte a tomar medidas para erradicar este problema en cooperación con otros Estados, a través de la investigación y enjuiciamiento del crimen en cuestión."

Por otra parte, las apreciaciones del Comité sobre los Derechos del Niño se orientan en el mismo sentido y en la consideración del segundo informe periódico presentado por Costa Rica, se incluye la explotación sexual como uno los principales temas de preocupación del Comité. Al respecto se señala: El Comité recomienda "...que el Estado parte se involucre en estudios con miras a fortalecer las medidas y políticas actuales, incluyendo el cuidado y rehabilitación, para prevenir y combatir este fenómeno". Asimismo, "El Comité recomienda que el Estado parte tome en cuenta las recomendaciones formuladas en la Agenda de Acción adoptada en Estocolmo, Suecia en 1996 en el marco del Congreso contra la Explotación Sexual Comercial de Niños y Niñas".

También hay que señalar la denuncia que una organización no gubernamental planteara a principios del año 2000, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, Estados Unidos, mediante la que pretendía la aplicación de medidas cautelares por parte del Estado de Costa Rica, "con el fin de proteger a los niños y niñas explotados sexualmente…" en el país. La resolución de la Comisión está aún pendiente.

Sobre este asunto preocupa, la sobredimensión que pudiera dársele a la problemática en tanto ello pudiera vulnerar, más aún, a la población que se pretende proteger. Pero preocupa aún más, aquellos enfoques y planteamientos que se han visto en funcionarios gubernamentales del más alto nivel, que tienden más bien a minimizar el fenómeno, basándose en datos que en realidad no se conocen con exactitud, como es el caso de la cuantificación de las víctimas.

De ahí que, aún cuando es importante impulsar la realización de investigaciones sociales para determinar la dimensión cuantitativa (dado que permite el dictado de políticas públicas acertadas así como destinar eficientemente los recursos necesarios para combatirlo), lo realmente urgente es conocer sus causas y sobre todo la dolorosa vivencia que se impone a sus víctimas, con el fin de atender y proteger de forma inmediata a estos niños, niñas y adolescentes y sobre todo prevenir más situaciones de explotación sexual.

Para la Defensoría de los Habitantes la prostitución infantil es una brutal violación a los derechos y la dignidad de la niñez y adolescencia de nuestro país y la existencia de un solo caso demanda de todos los esfuerzos y el mayor de nuestros compromisos.